Las políticas de protección de vivienda que están frenando la gentrificación en San Francisco

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En el verano de 2019, el apartamento de Elizabeth Bell, en el distrito de la Misión de San Francisco, se puso en venta y los corredores no tardaron en empezar a mostrarlo a futuros inversores. Conforme el miedo de un desalojo o un alza en la renta empezó a asentarse, Bell, de 74 años, empezó a tener palpitaciones. Su departamento era barato, bajo renta controlada, algo necesario ya que Bell complementa su seguro social con pequeños trabajos de traducción para llegar a fin de mes. Hay una parada de tren a menos de dos cuadras — útil, ya que Bell no usa la bicicleta con la facilidad de antes. Además, ama el lugar, con su “hermoso arco en la puerta de entrada” y un vitral agrietado sobre el marco. El resto de los residentes son un grupo diverso — familias Latinas con varios años en la zona, una con un hijo discapacitado; adultos mayores de bajos recursos como Bell; una pareja joven. Todos dependen del control de las rentas para vivir en la Misión, el centro histórico de la comunidad Latina de San Francisco, ahora desgarrada por una de las gentrificaciones más intensas de la ciudad.

De verse obligada a partir, Bell sabe que no le alcanzaría para quedarse en San Francisco, donde ha vivido desde 1975. “Estoy muy vinculada con la ciudad”, dijo en una entrevista. “No sé dónde podría caer y empezar de nuevo a esta altura de mi vida”.

Para salvar el edificio, ella y otros arrendatarios contactaron a activistas de vivienda, quienes eventualmente los presentaron con la Agencia de Desarrollo Económico de la Misión (MEDA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro de área de la bahía. En los últimos años, MEDA se ha alzado como líder de un esfuerzo de anti-gentrificación conocido como políticas de “derecho-de-compra”, donde las organizaciones locales adquieren edificios residenciales para prevenir la especulación inversora y el desplazamiento. El salario promedio de los residentes en propiedades compradas por MEDA es más bajo que el 30% del salario medio en la zona. Antes de la caída económica provocada por el COVID-19, la renta promedio de un departamento de un cuarto en San Francisco era de $3,360 al mes, reportó el San Francisco Chronicle. A la fecha, MEDA ha adquirido 32 edificios (más de 250 unidades), con dos más en camino.

Esta y otras políticas de protección a los arrendatarios se están expandiendo en California. La recesión del COVID-19 ha provocado tasas de desempleo que no se habían visto desde la Gran Depresión, y los expertos temen que a esto siga una crisis de vivienda. El ayuntamiento de la ciudad de San Francisco recientemente aprobó un amparo para el desalojo. Oakland y Berkeley ya han introducido sus propias políticas de derecho-a-compra antes del coronavirus, las cuales ganaron un sentido de urgencia después de que la pandemia pegó. Los Ángeles extendió las protecciones contra desalojo hasta el verano y, forzados por el COVID-19, está considerando implementar sus propias políticas de derecho-a-compra. Finalmente, a finales de junio, una propuesta de ley entró a la legislatura de California, la cual podría crear una versión estatal de esta política.

MEDA compró el edificio de Bell en febrero, justo cuando el COVID-19 estaba empezando a pegar en el área de la bahía. Además de darle tranquilidad financiera, la compra permitió a Bell, quien está bajo mayor riesgo bajo el coronavirus, permanecer en casa. Los doctores nunca determinaron la causa de sus palpitaciones, dijo ella, “pero puedo decirte que no las tengo más”.

LA ENORME PÉRDIDA DE RIQUEZA y desplazamiento de las familias Latinas y Negras de bajos recursos después de la crisis financiera del 2008, convenció al personal de MEDA que necesitaban nuevas y mejores herramientas “para cuando la siguiente crisis económica llegue”, dijo Johnny Oliver, un organizador del grupo. Al anularse la hipoteca de las propiedades, los desarrolladores de vivienda las compraban y transformaban en condominios de élite. Oliver describe el trabajo de MEDA como una “reversión de la gentrificación del distrito de Misión,” el cual se ha transformado por años bajo el desarrollo habitacional descontrolado y la especulación. La población Latina de la Misión se ha reducido a casi un 30% en las últimas dos décadas — un cálculo modesto, considerando el reto de contar la población indocumentada.

Detrás de este desplazamiento se encuentra una ley estatal llamada Ellis Act o Ley Ellis; un poderoso motor de gentrificación. La Ley Ellis permite a los propietarios desalojar a los inquilinos de sus edificios antes de vender una propiedad. Las nuevas propiedades se convierten en condominios o pisos de alquiler común (TICs, en inglés), una designación de vivienda que permite comprar un porcentaje de la propiedad. El aumento de los TICs en San Francisco está asociado con el boom tecnológico de Silicon Valley. Programadores jóvenes, forrados de efectivo, pueden comprar en una sola exhibición su parte del edificio. Para los arrendatarios, la Ley Ellis puede significar desplazamiento forzado; para los arrendadores, facilita el proceso de venta de edificios residenciales.

Oliver y otros organizadores de vivienda dicen que luchar contra la Ley Ellis no es factible debido al poderoso cabildeo de grupos de bienes raíces, así que se propusieron encontrar su propia herramienta de política pública. Primero, en 2014, vino un programa para financiar de manera pública la compra de edificios locales. Pero los activistas de vivienda encontraron que muchas propiedades cambiaban de manos a escondidas, en acuerdos entre los propietarios y los desarrolladores.

San Francisco atendió este problema en otoño de 2019 con la Ley de Oportunidad Comunitaria para Comprar (COPA, por sus siglas en inglés) que garantiza a las organizaciones locales sin fines de lucro, como MEDA, una ventana de cinco días para hacer una oferta sobre una propiedad en apuros, antes de que el dueño del edificio pueda vender. La organización tiene entonces 25 días para igualar otras ofertas.

Los propietarios y desarrolladores se opusieron a COPA, principalmente por el retraso burocrático. Joshua Howard, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales de la Asociación de Apartamentos de California, un grupo de comercio que representa a 25,000 de los propietarios del estado, dijo que tener más viviendas es la solución para atender la crisis en California. Políticas como COPA no hacen esto, dijo Howard, sino que “crean burocracia y retrasos”. Howard apoya el financiamiento de organizaciones como MEDA, pero dijo que deberían hacer ofertas sobre propiedades que aparezcan en el mercado, al igual que entidades privadas. “(Las políticas de derecho-a-compra) no crearán nuevas unidades de vivienda”, dijo, “pero sí vuelven más lento para un propietario el proceso de vender sus unidades de renta”.

“Estas son personas que mantienen a la ciudad andando, quienes hacen de esta ciudad lo que es”.

Para los residentes del área de la bahía, la Ley Ellis es tan popular que se ha convertido en verbo. Chloe Jackman-Buitrago, nacida y crecida en San Francisco, dice que temía ser “Ellis Act-ed” en 2019. Jackman-Buitrago tiene un estudio de fotografía en la esquina de su edificio, en el barrio de Inner Richmond. Cuando el edificio donde vive salió al mercado, buscó otros lugares en renta en el área y dudó que pudiera quedarse en la ciudad si la obligaban a desalojar. MEDA compró el edificio y logró quedarse.

“(MEDA) está manteniendo a la gente en sus casas”, dice Jackman-Buitrago. “Estas son las personas que mantienen a la ciudad andando, quienes hacen de esta ciudad lo que es. Los inversores de 22 años vienen y transforman todos los edificios en jodidas cajas de molde, ¿y a dónde se va la gente?”

EL PROGRAMA DE COMPRA de edificios requiere que todos los residentes de la propiedad aprueben la compra. Sin embargo, cuando pidió a sus vecinos que apoyaran la compra de MEDA, Jackman-Buitrago se encontró con un problema singular: para quienes estaban acostumbrados a las jugadas de los personajes de bienes raíces, esto era demasiado bueno para ser verdad. Tomó tiempo convencerlos, pero eventualmente se unieron. Con la ayuda de la ciudad, MEDA administrará el edificio por un término de 99 años. También ha prometido hacer reparaciones a las que los propietarios anteriores se negaron; en el departamento de Jackman-Buitrago, por ejemplo, la tierra se colaba por debajo de la duela y la pared del baño estaba carcomida. Jackman-Buitrago, su esposo, Michael — también nacido en la ciudad — y su hijo de un año, se mudarán pronto a una unidad nueva. MEDA está dirigiendo reparaciones mayores, incluyendo el reemplazamiento de las tablas podridas del viejo apartamento y renovando la cocina en su nueva unidad.

Aunque costó una pandemia para que las políticas de protección a arrendatarios alcanzaran su clímax, Oliver, el organizador de MEDA, advierte que estas políticas son menores comparadas con la magnitud de la crisis de vivienda de California. Mantener a la gente en sus casas es una forma de liberar la presión, pero también lo sería la construcción de viviendas accesibles. Decenas de miles de personas se han visto obligadas a dejar el área de la bahía en los últimos 20 años. Por el otro lado, se encuentra la pequeña escala del programa de adquisición de edificios, que actualmente cuenta con menos de 10 organizaciones. Hay más propiedades entrando al mercado de las que se pueden encargar estas organizaciones de vivienda. Y debido a los problemas de presupuesto ocasionados por el COVID-19, Oliver prevé que San Francisco tendrá que reducir el financiamiento de estas organizaciones para las compras en bienes raíces.

Jack-Buitrago a menudo siente una pérdida; la ciudad de su infancia ha desaparecido, dice, aunque el lugar aún se siente como su casa. Bell ha visto 45 años de cambios en el área de la bahía, y está de acuerdo. No tiene deseo de vivir en ningún otro lado, pero la especulación de los inversionistas ha consumido la ciudad que ella recuerda. “Una comunidad no se reestructura simplemente”, dice Bell. “Ya no está”.

Nota: Esta historia se ha actualizado con información nueva sobre una versión estatal de la política del derecho-a-comprar.

Nick Bowlin es un editor contribuyente en High Country News. Escríbele a [email protected]  o manda una carta al editor.

Este artículo fue traducido por Clara Migoya, una reportera bilingüe y científica ambiental. Estudia una maestría doble en Periodismo y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Arizona.  Follow @claramigoya

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