¿Qué debe hacer una comunidad para proteger a sus migrantes?
Un condado conservador en Colorado se enfrenta a una nueva realidad política.
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Un dia soleado de marzo, más de 400 personas salieron por las aceras de Greeley, una pequeña ciudad en los llanos orientales de Colorado. Un grupo diverso vestido en ropa deportiva, faldas largas y pañuelos musulmanes marchó para mostrar su apoyo a la creciente población migrante y refugiada. Salieron de la University of Northern Colorado, dieron la vuelta al centro de la ciudad, y terminaron por el Global Refugee Center, una organización local sin fines de lucro.
La ruta que tomaron no fue por coincidencia: Greeley en una isla de diversidad cultural e intelectual en un condado rural y políticamente conservador. Los trabajadores quienes son refugiados e indocumentados ayudan a mantener la industria de la agricultura, y la población estudiantil internacional ha crecido en los últimos años. De acuerdo a lo que dice la mayoría de gente, estos nuevos vecinos han creado sus hogares en Greeley con cierta facilidad.
Pero al ser los nuevos blancos de la retórica nacionalista y las nuevas medidas de seguridad del Presidente Donald Trump, muchos de ellos han estado llenos de ansiedad sobre las posibles deportaciones, arrestos y hostilidades. Aunque la última orden de prohibición de viaje de Trump fue bloqueada por las cortes, la agencia migratoria U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) sigue deteniendo y arrestando a más inmigrantes por todo el país. En Greeley, esta nueva realidad política representa un desafío difícil para el liderazgo político a nivel local: ¿Qué puede — y que debe — hacer la comunidad para que sus nuevos vecinos se sientan seguros?
Greeley fue fundada en el siglo XIX como una pequeña ciudad utópica por colonos de orígen europeo quienes buscaban una vida en comunidad y valores egalitarios. Hoy en día, el condado Weld a su alreadedor es muy conservador; el pasado noviembre, Trump ganó aquí con una ventaja de 22 puntos. El condado es uno de los productores agrícolas más grandes del país. Los empleadores no gubernamentales más grandes de Greeley son la universidad, una fábrica de turbinas de viento, un sistema hospitalario, y JBS USA, dueño de una planta procesadora de carne al norte de la ciudad. Los trabajadores migrantes e indocumentados, junto a refugiados que escaparon a guerras y desastres ambientales, hacen la mayoría del trabajo en el envasado de carnes. Varios cientos de somalís viven ahora en el área, junto a refugiados de Birmania y Etiopía. En el campus de la universidad existen 395 estudiantes internacionales que provienen de 47 países.
“Nuestra economía depende de los inmigrantes indocumentados y los Latinos”, y la universidad se beneficia de su diversa población estudiantil, dice Matt Birnbaum, uno de varios profesores de University of Northern Colorado que busca proteger a los inmigrantes y estudiantes internacionales. “Si no podemos protegerlos, será muy preocupante.”
“America es un gran símbolo de la igualdad. A veces me preocupo que es sólamente un mito.” —”Nahid,” estudiante de postgrado iraní en la Universidad del Norte de Colorado.
A tres días de la elección, la presidenta de University of Northern Colorado, Kay Norton, envió un video de dos minutos que condenaba los ataques verbales sobre “identidad” y “afiliaciones” que surgieron luego de una concentración de campaña en el campus el día de Halloween. Norton describió a la universidad como “una familia” donde todos son “bienvenidos e importantes.”
Sin embargo, los estudiantes criticaron a Norton por ser poco sincera, y algunos la acusaron de ignorar la realidad de los acosos que han tomado lugar desde antes de la elección. Cincuenta estudiantes protestaron fuera de su oficina, gritando “Hey-hey, ho-ho, ¡Kay Norton debe irse!” Después fueron al consejo de la administración de la universidad para demandar su baja, y pidieron más fondos para centros para estudiantes de minorías raciales y étnicas.
Los profesores también se involucraron, presentando en noviembre una “petición de santuario” que le pedía a Norton que se rehusara a compartir datos sobre los estudiantes inmigrantes con las autoridades y que resistiera las detenciones de inmigrantes dentro del campus. También exigieron que apoyara públicamente al programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) de la administración del Presidente Obama, el cual permite que jóvenes indocumentados puedan trabajar o ir a la universidad en los Estados Unidos sin el temor de ser deportados.
El profesor de antropología Whitney Duncan, quien ayudó a organizar la petición, dice que muchos sintieron una “necesidad urgente” de mostrar su apoyo por DACA y por los estudiantes inmigrantes. Hace poco más de una década, agentes de migración (ICE) irrumpieron en una planta local de envasado de carnes y arrestaron a 273 trabajadores indocumentados. Muchos vecinos aún recuerdan la redada y su impacto, mientras varios padres fueron detenidos y en muchos casos, deportados, dejando sólos a sus parejas y niños.
En respuesta a la petición, la junta directiva de la universidad aprobó una resolución en apoyo a DACA, y Norton se unió a un grupo de más de 600 presidentes de universidades que firmaron una declaración pro DACA. Pero la universidad no se declararía un “santuario”. En un email compartido con todo el campus el pasado enero, Norton argumentó que el término no estaba claramente definido.
Duncan dice que los líderes universitarios parecen ser “generalmente comprensivos y solidarios.” Han empezado a entrenar a sus empleados sobre cómo tratar las solicitudes por parte de agentes de migración que no cuentan con ordenes judiciales. Sin embargo, hasta el momento, la administración aún no se ha comprometido a tomar pasos específicos para apoyar a estudiantes — no les ofrece consejo legal o espacios donde puedan tomar refugio en caso de que hayan redadas.
El presidente de Washington State University en Pullman — otro campus diverso rodeado de una población rural la cual es 89 por ciento anglosajona — también firmo la declaración de DACA luego protestas el pasado diciembre. Una lista de quejas generada por una alianza de estudiantes indocumentados pide que el campus sea un santuario y que Washington State contrate a alguien quien trabaje con los estudiantes indocumentados a tiempo completo, que ofrezca más talleres de diversidad, y que explícitamente apoye un camino hacia la ciudadanía para los estudiantes indocumentados.
Washington State está “haciendo todo lo que puede, dentro de la ley, para proteger a los estudiantes inmigrantes,” dice Mary Jo Gonzales, vice-presidenta de asuntos estudiantiles. Esto incluye talleres de “conoce tus derechos” para los estudiantes y apoyo para los estudiantes indocumentados. “Pero la universidad no tiene el plan de declararse como un campus santuario.” Tal declaración no le daría a la universidad la cobertura legal para resistir una orden judicial de detención por parte de agentes de migración, de acuerdo a Gonzales. Algunos administradores argumentan que declaraciones de campus santuarios hasta podrían provocar a que Trump les quite sus fondos gubernamentales, así como el amenazó hacerlo con las ciudades que se rehusan a cooperar con agentes de migración.
Por otro lado, la posibilidad de perder a estudiantes internacionales también está preocupando mucho a las universidades. Más de 1 millón de estudiantes internacionales se inscribieron en universidades estadounidenses el año pasado, lo que representa el doble de hace 15 años. El aumento refleja un esfuerzo coordinado por parte de universidades estatales que buscan estudiantes internacionales ya que pagan matrículas más altas, típicamente sin subsidios, ayudando a las universidades a compensar por los presupuestos cada vez más bajos de la educación pública. Sin embargo, una encuesta reciente revela que casi el 40 por ciento de 250 universidades por todo el país están declarando una baja en las aplicaciones internacionales, lo que algunos han denominado el “Efecto Trump.”
Nahid, una estudiante de postgrado iraní, vino a Greeley con su esposo y su pequeño hijo a finales del 2015 luego de haber esperado un año por su visa. (Nahid le pidió a HCN que no revelara su identidad para no volverse en blanco de acoso.) Su campo de estudio no existe en Irán, y ella quiso ofrecerle a su hijo una educación secular. Pero el ascenso de Trump ha tenido un efecto paralizante en su experiencia estadounidense. A pesar de que la prohibición de viajes de Trump no debería porque afectarla, Nahid siente que la orden del presidente efectivamente declara a ella y a cualquier iraní como musulmanes “radicales.”
“America es un gran símbolo de la igualdad,” dice. “A veces me preocupo que es sólamente un mito.”
Nahid es mulsulmana. No ha sido víctima de acoso y sus profesores y otros administradores en la universidad le han hecho sentirse bienvenida. Pero confesa que a menudo llora cuando piensa que nunca volverá a ver a su familia en Irán; se preocupa que no podría volver a entrar al país si sale al exterior. Nahid espera poder trabajar en los Estados Unidos y criar su hijo aquí, pero admite que si tuviera que escoger una universidad nuevamente, lo haría en otros países. “Nos sentimos tan inseguros y con miedo sobre el mañana”, dice.
Las inseguridades también se han vuelto evidentes fuera del campus.
Típicamente, los refugiados se sienten bienvenidos en Greeley, dice Entisar Tuha, quien trabaja en el Global Refugee Center ayudando a refugiados a conseguir trabajo, aprender inglés y convivir dentro de sus nuevas comunidades. “Pero después de la elección, también tienen temor de que su estatus migratorio cambie o de que sean deportados.” Nacida en Etiopía, Tuha llegó a Colorado en 2011 para vivir con su madre. Luego recibió su green card y ahora toma clases en una universidad comunitaria. Desde la elección, las clases de ciudadanía del Global Refugee Center se han llenado de refugiados desesperados de completar el proceso.
Los activistas de derechos de inmigrantes también están tratando de calmar nervios, dice Sylvia Martinez, portavoz de Latinos Unidos, un grupo local de abogacía. En febrero, rumores falsos sobre puestos de control de ICE en autopistas y redadas en Greeley llevaron a que algunas personas faltaran de sus trabajos y dejaran a sus hijos en casa en vez de llevarlos a la escuela. Martinez, hija de trabajadores migrantes quien se crió junto a muchos indocumentados, dice que es esencial desmentir reportes falsos para que los inmigrantes no se sientan intimidados o dejen de trabajar y así pierdan sus ganancias. Al mismo tiempo, ella reconoce que ahora existe motivo de preocupación: “Podrían haber redadas.”
Martinez está hablando con iglesias locales para que sirvan de refugios para familias indocumentadas. Desde febrero, Jeanette Vizguerra, una mexicana indocumentada con tres hijos americanos, ha estado viviendo en una iglesia unitaria de Denver luego de faltar a una de sus citas anuales con ICE. Hasta el momento, los agentes migratorios no han incursionado en iglesias para arrestar a inmigrantes.
Trump ha dicho que no revocará DACA, y asegura que ICE sólo busca a criminales peligrosos. La última versión de la orden ejecutiva que suspende la entrada de inmigrantes y refugiados de seis países no afecta a portadores de visas, y al menos en papel, permite la suspensión de viajes.
Pero el presidente ha cambiado su posición varias veces, y sus medidas agresivas de deportación de inmigrantes y prohibición de viaje para musulmanes han intimidado a las comunidades. En una reunión del concejo municipal el pasado 28 de febrero, Rochelle Galindo, la unica representante latina de Greeley, propuso una resolución declarando a Greeley “en solidaridad” con sus residentes sin que importe su estatus migratorio. El alcalde Tom Norton respondió de manera beligerante, criticando a las ciudades santuarias. Otro concejal le dijo a Galindo, “Creo que estás en la comunidad equivocada.” Ambos hombres luego se disculparon.
Algunos dias después, Galindo compartió la historia con una multitud que se encontraba en campus para la marcha. “Si alguien puede decirle eso a una persona nacida y criada aquí,” dijo, “imaginen lo que le dicen a los inmigrantes.” Luego Martinez tomó el micrófono y dió un mensaje que sigue repitiendo a todos los dueños de negocios, políticos, profesores, estudiantes, ciudadanos e inmigrantes indocumentados — todos los que hacen a la comunidad lo que es y lo que será: “No podemos sentarnos de lado.”
El corresponsal Joshua Zaffos escribe desde Fort Collins, Colorado. Siga a @jzaffos
