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Mientras Washington retrocede, California se adelanta

Una nueva oficina estatal por la justicia ambiental nace en California.

 

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California es el primer estado en el occidente del país que a menudo ofrece soluciones a problemas sociales y ambientales. Actualmente, se encuentra al frente de un difícil desafío, ya que sus ideales progresistas — y su población cada vez más diversa — se ve generalmente opuesta a las políticas del Presidente Donald Trump. En esta nueva columna mensual, una Carta desde California, documentaremos cómo el estado se está adaptando a los cambios en estos tiempos.

Poco tiempo después de que la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, o EPA) se estableciera en 1970, contrató fotógrafos independientes para que documentaran los problemas ambientales y lo que se estaba haciendo para solucionarlos. El proyecto, conocido como Documerica, generó decenas de miles de fotos — ahora disponibles en línea — que nos dan una idea de la clase de contaminación que se consideraba aceptable en los Estados Unidos de hace medio siglo.

Muchas de las fotografías fueron tomadas en el Sur de California, uno de los centros más contaminados del país, conocido por sus nubes pesadas de humo y sus botaderos rebosantes. Una de las imágenes es particularmente conmovedora: muestra un albatros mientras es liberado por el personal de U.S. Fish and Wildlife Service después de un derrame de petróleo en la costa.

En 2014, los vecinos se unen a una protesta liderada por las organizaciones Communities for a Better Environment y California Environmental Justice Alliance frente a una planta de reciclaje de pilas en Vernon, California. La protesta pidió que el estado respondiera a los altos niveles de plomo y arsénico que afectan a los barrios cercanos a la planta, al este de Los Angeles.
Al Seib/Los Angeles Times via Getty Images

Pero ¿dónde están las personas? Pocas de las fotos de Documerica muestran las caras de aquéllos quienes sufrieron a causa de la contaminación: típicamente comunidades de bajos fondos, a menudo personas de color viviendo al lado de las autopistas, las fábricas, minas y botaderos. Si todo va de acuerdo al plan, la nueva Oficina de Justicia Ambiental, una agencia del Departamento de Justicia de California, será el primer esfuerzo serio diseñado para reconocer y proteger a quienes han sufrido tradicionalmente los impactos de la contaminación. Toma parte de la visión del fiscal general de California, Xavier Becerra, el primer latino en esa posición, quien asumió su cargo tan sólo siete días después de la inauguración del Presidente Donald Trump. Becerra es parte de una nueva generación política en el estado, de hijos de inmigrantes latinos quienes maduraron junto a los movimientos sindicales, ambientales y de justicia social de los años sesentas.

Becerra ha demandado a la administración de Trump casi 30 veces éste último año en defensa de los derechos al aire y agua limpios, entre otras cosas. Hasta el momento, no ha perdido ni una demanda ambiental. Bajo su liderazgo, la Oficina de Justicia Ambiental tendrá un personal dedicado a supervisar, investigar y hacer cumplir las leyes ambientales, especialmente en casos de contaminación persistente.

Resulta difícil ver las imágenes de Documerica de hace varias décadas y no sentir un fuerte déjà vu, considerando lo mucho que ha cambiado la EPA bajo la administración de Trump y su agenda anti-regulatoria. El administrador de la EPA, Scott Pruitt, ha mostrado su preferencia por la protección de los contaminadores en vez de las personas y del medio ambiente. A principios de éste año, Pruitt anunció que cancelaría varias reglas que no permiten que las compañías mineras de carbón boten sus residuos mineros en los ríos. El requerir que las minas limpien lo que han ensuciado, dijo Pruitt, significaría “una carga excesiva para éste sector importante de la economía americana y de las zonas rurales, donde se encuentran la mayoría de éstos trabajos mineros.”

Aquél es el viejo y cansado argumento — o mentira — que se ha usado por años para excusar a las políticas pro-industria que afectan en su mayoría a las personas de color. La nueva Oficina de Justicia Ambiental está apostando a un futuro en el cual la prosperidad y un medio ambiente limpio no resultan mutuamente excluyentes. 

Luis Olmedo, director del Comité Cívico del Valle, una organización comunitaria sin fines de lucro en el Valle Imperial del Sur de California, había colaborado con la EPA a lo largo de los últimos 17 años con la esperanza de que se unan también a ellos las compañías que contaminan pero que también proveen los trabajos a nivel local. Sin embargo, dice Olmedo, hoy en dia “las piernas de la EPA han sido cortadas.”

Una de aquéllas campañas se centró en el matadero de National Beef en Brawley, California, una comunidad agrícola con una población que es 82 por ciento latina, con un ingreso familiar de alrededor de 37.000 dólares al año. La compañía generaba más de 1,6 millones de galones de aguas sucias a diario, botando cantidades excesivas de amoniaco, bacteria y otros contaminantes en las vías fluviales. Las multas estatales comenzaron a aparecer en el 2006, incluyendo a una de 3,7 millones de dólares. En 2014, el matadero anunció que debido a razones económicas exacerbadas por las multas, estarían cerrando pronto y despidiendo a 1.300 trabajadores. National Beef nunca limpió el desastre que dejó.

“Lo que sucede a menudo es que las multas pueden ser tan severas y pueden acumularse a lo largo de tanto tiempo que hasta pueden afectar las ganancias de las compañías,” explica Olmedo. “Pero estos son crímenes serios.”

Hace no tanto tiempo, la EPA hubiera sido la agencia encargada de un caso de injusticia ambiental de ésta magnitud. Pero hoy en día, mientras que el gobierno de Washington toma pasos hacia atrás y no ve soluciones al nivel local, Olmedo está poniendo toda su fé en la Oficina de Justicia Ambiental. “Sin un programa como éste, es ‘fuera de la vista, fuera de la mente.’’ 

Pronto nos daremos cuenta que la lista de casos de injusticia ambiental en California se ha vuelto tan larga como la de los años setentas, durante le proyecto de Documerica. La EPA, tal y como se encuentra en la actualidad, probablemente no tomará medidas. Así que quedará en las manos de California y su nueva agencia.

La High Country News editora colaboradora Ruxandra Guidi escribre desde Los Angeles, California.