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California es el primer estado en el occidente del país que a menudo ofrece soluciones a problemas sociales y ambientales. Actualmente, se encuentra al frente de un difícil desafío, ya que sus ideales progresistas — y su población cada vez más diversa — se ve generalmente opuesta a las políticas del Presidente Donald Trump. En esta nueva columna mensual, una Carta desde California, documentaremos cómo el estado se está adaptando a los cambios en estos tiempos
Cuando llego a la estación de la policía comunitaria de Hollenbeck en Los Angeles, la sargenta Alex Fiallos se encuentra ocupada, asi que tomo un asiento en la sala de espera.
Después de un par de minutos, entran una mujer de edad media y su madre para reportar un vehículo robado. Luego, otra mujer se acerca a un policía para pedir información sobre cómo presentar una orden de restricción.
“¿Está emocionada de salir en patrulla?” me pregunta un oficial. “En este barrio tenemos un promedio de una persecución por noche.” Eventualmente, Fiallos viene a buscarme y a llevarme en su auto, un sedan blanco y negro un poco golpeado. Le he pedido que me lleve en patrulla para observar cómo las nuevas políticas migratorias de la administración de Trump están afectando al trabajo de la policía en Los Angeles, una de las ciudades más diversas del occidente del país—y también, una ciudad con un pasado difícil de conflictos raciales y crímen.
Gracias a las secuencias dramáticas que circulan en televisión, muchas personas asocian a la policía de Los Angeles con las persecuciones. En Boyle Heights, el barrio inmigrante al este del centro de LA, las persecuciones no son tan dramáticas: los conductores son típicamente jóvenes imprudentes, o miembros de pandillas, o simplemente, borrachos. Mientras nos preparamos para salir en patrulla, Fiallos me explica que andar tras esos conductores mantiene a los policías a la defensiva, con menos tiempo para el trabajo comunitario o para investigar crímenes.
Fiallos se coloca la nueva cámara de cuerpo en su chaleco de balas. Dentro de su auto, mientras escribe su contraseña en varios aparatos, el escáner anuncia a gran volúmen: Un tiroteo en la Avenida East Cesar Chávez. No será un trabajo para ella.
Nos vamos en la dirección opuesta, al estacionamiento de un supermercado. Fiallos maneja de un extremo al otro, saludando a un vendedor ambulante de chicharrones. Luego, habla con un guardia de seguridad quien ella cree haber sido testigo de un crímen. “Si ves algo, tu sabes que nos puedes llamar, ¿verdad?” le dice, aunque sabe que la gente por aquí generalmente no es soplona. A pesar de su aburguesamiento, Boyle Heights sigue siendo la base de muchas pandillas violentas.
La relación entre la policía y los vecinos no es siempre fácil, y en esta actual era de Trump, los oficiales de la policía deben andar por un camino muy estrecho — manteniendo la tasa de crímen baja, las buenas relaciones con los vecinos, y fuera del camino de las fuerzas de inmigración a nivel federal. En algunos casos, deben aprender como cooperar con ellas.
Fiallos tiene un poco más de cuarenta años y sonríe fácilmente, bromeando con un español perfecto y con acento salvadoreño. Ella y sus cuatro hermanos fueron criados por su madre soltera en un barrio trabajador, no muy lejos de Boyle Heights. “Por muchos años, creí que mis padres y un par de mis hermanos mayores habían cruzado la frontera de forma ilegal antes de que yo naciera,” me cuenta. “Me puse un poco triste cuando me enteré que mi familia llegó con documentos, porque pensé que nuestra historia era de una familia que logra ser exitosa a pesar de las circunstancias. ¿Me explico?”
Aunque no era indocumentada, Fiallos aprendió a relacionarse con aquellos que si lo eran. Cuando decidió ser policía a sus 21 años, supo que quería trabajar en uno de los muchos barrios inmigrantes de Los Angeles. Aproximadamente uno de cada cinco residentes de Boyle Heights está en el país sin papeles, y la policía sabe que para mantener bajo el crímen, debe ganarse la confianza de aquellos inmigrantes, entre otros.
Salimos del estacionamiento, y nos acercamos a una esquina en la calle principal junto a una licorería. Un grupo de mariachis mexicanos están parados en contra de la pared, esperando a que los contraten para alguna fiesta o celebración quinceañera del fin de semana. “Algunas personas dicen que no deberíamos confiar en la policía porque ustedes ayudan a los agentes de migración,” le dice un hombre que se acerca a la ventana luego de que Fiallos lo llama. Ella sonríe. “Estamos siempre tan ocupados, teniendo que perseguir a estos cipotes, que no tenemos tiempo para eso.”
En febrero, el Departmento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) publicó su primer “Declined Detainer Outcome Report;” una especie de boletín sobre las agencias de policía que se rehusan a cooperar con el Departamento de Migración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE) cuando no honran peticiones para deportaciones—o los llamados “detainers.”
De las primeras agencias en la lista, se encuentra la del condado de Los Angeles. Durante la semana de 11 al 17 de febrero, ICE presentó 2,868 “detainers” en todo el país; 78 de ellos fueron a Los Angeles. Aún no se sabe si los detainers se han concedido, es decir, si algunos de aquellos inmigrantes serán entregados por la policía a ICE para ser deportados.
Lo cierto es que no sólo los policías no tienen tiempo para cooperar con agentes migratorios, si no que no tienen el permiso para hacerlo: La ley establece que los policías no pueden cumplir la función de los agentes federales. Fiallos está de acuerdo con la política. “Mientras las personas sigan la ley y no se metan en problemas, deberían poder quedarse en este país con sus familiares,” dice. “Sin embargo, creo que debemos reparar nuestro sistema migratorio urgentemente.”
De acuerdo a la FBI, las tasas de crímen violento más altas del occidente se encuentran en Alaska, Nevada y Nuevo Mexico—no en California. En Los Angeles, el crímen ha reducido de forma significativa desde un récord de 2,589 homicidios en 1992, cuando el Departmento de Policía de Los Angeles (LAPD) introdujo a “Operación Hammer” para detener, buscar y arrestar a miles de pandilleros en redadas cada fin de semana. “Lo único que nos importaba era cuántos arrestos lográbamos hacer,” dijo recientemente el jefe del LAPD, Charlie Beck, a Los Angeles Times. “No quiero que a nuestros policías les importe éso. Quiero que les importe lo segura y saludable que es su comunidad.”
Para Fiallos, esto significa tratar de acabar con la delincuencia mientras se cuida de no involucrarse con balaceras provocadas por policías o con la discriminación racial. Al mismo tiempo, debe también cultivar la confianza de los vecinos y negocios en el barrio. Su trabajo puede ser estresante.
Cuando empezó su carrera, a veces otros latinos la denominaban “traidora.” Hoy en día, los departamentos de policía se parecen mucho más a las comunidades en las cuales trabajan. El LAPD no tiene la misma reputación que tuvo en los años noventas, y de acuerdo a Fiallos, cada vez más inmigrantes jóvenes indocumentados, o Dreamers, están registrándose para ser cadetes de la policía. (Sin embargo, aún no se sabe si los Dreamers serán excluidos de las deportaciones: El mes pasado, Juan Manuel Montes de 23 años fue deportado a Mexico a pesar de su estatus de protección.)
“Yo creo que la comunidad aquí está pendiente de la migra y no de nosotros,” dice Fiallos, usando la expresión común para referirse a los agentes de migración. ICE ha estado en Boyle Heights dos veces en los últimos tres meses, y a pocas horas de cada visita, los vecinos corrieron la voz. Se instaló una gran pancarta en la calle principal, anunciando lo que las personas pueden hacer en caso de que regresara la migra. Mientras nuestra patrulla termina, Fiallos me cuenta que cuando vió la pancarta una noche, decidió ir a hablar con los vecinos en el barrio. “No se preocupen,” les dijo, “no vamos a involucrarnos.”
La High Country News editora colaboradora Ruxandra Guidi escribe desde Los Angeles, California. Sígan @homelandsprod
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