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Know the West

Nuestro sistema de detención está dejando a los inmigrantes en bancarrota

Mientras las corporaciones se benefician, las familias de estatus mixto son arrojadas a la pobreza.

Una noche de marzo en 2009, a la hora de la cena, Myrna Obeso recibió una llamada a su casa de Tucson. Obeso, una ocupada madre de dos niños, no contestó al inicio. Las llamadas automatizadas solían molestarlos durante esa hora de la noche. Ese día estaban siendo más insistentes que de costumbre, así que finalmente contestó.

“Cárcel del condado de Pima”, dijo una voz pregrabada.

En lo que su mente trataba darle sentido a la llamada, se escuchó otra voz al otro lado de la línea: la de su esposo Gustavo Velasco. Se supone que debía estar en su segundo trabajo, en el turno nocturno en un restaurante cercano.

Por años Velasco había estado usando un número de seguro social falso. Esto era antes de que existiera E-Verify — un sistema gubernamental que permite que los empleadores corroboren los permisos de trabajo. En esos tiempos aún se podía encontrar trabajo con facilidad, con tal de que ofrecieras documentos convincentes.

 

Sin embargo, un par de años antes, el estado aprobó leyes que acusaban a residentes indocumentados de robo de identidad si eran sorprendidos usando documentos falsos. Antes de eso, los cargos por delito grave eran usados para procesar a quienes usaban documentos falsos para aumentar su crédito y evadir deudas, no para aquellos que simplemente buscaban trabajo. Defensores como Puente Arizona, una organización de justicia migrante, dice que los cambios fueron hechos para atacar a los trabajadores indocumentados. Gracias a estas leyes, el Sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, logró levantar cargos por delito grave a cientos de trabajadores indocumentados, mientras hacían redadas en los lugares de trabajo.

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El arresto de Velasco aquella noche de marzo 2009 también resultaría en un cargo por delito grave. Pasó cinco meses en la cárcel del condado de Pima y eventualmente le ofrecieron una fianza de 10.000 dólares. Pero Velasco era indocumentado, así que no solo debía enfrentar esos cargos, sino defender su detención y posible deportación. El tiempo que pasó dentro del Centro de Detención de Eloy, en medio del desierto de Arizona, tuvo un costo psicológico para él. Nunca supo cuánto tiempo iba a pasar encerrado o si iba a ser deportado. Aún no lo sabe. El impacto económico sobre su esposa y dos hijos — y sobre la vida que construyeron juntos en Estados Unidos — demostraría ser igualmente devastador.

Myrna Obeso en su barrio en Tucson, Arizona.

Hasta el día del arresto de su esposo, Obeso era ama de casa y cuidaba de sus dos hijos quienes en ese entonces iban a la primaria. Durante los cinco meses que Velasco pasó en la cárcel, su esposa se las arregló para pagar las cuentas de la casa y a la vez recaudar dinero para la fianza. “Estaba pagando por renta, servicios — todo”, me dijo mientras estábamos en su sala, vivamente decorada. Había vaciado las cuentas de ahorros — estaban en proceso de comprar una casa — y vendió el coche. Empezó a hacer manicuras, repostería y dulces mexicanos, y a vender joyería de plata que una amiga le regaló para recaudar dinero. Eventualmente empezó a limpiar casas también. Había empezado el proceso de aplicación para recibir bonos de comida para sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, hasta que su abogado le aconsejó que no recibiera ningún tipo de beneficios gubernamentales para que no afectaran su proceso legal.

De acuerdo con un estudio del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona, una vez que se suman otros costos indirectos, como la falta de ingreso, la pérdida económica se acerca a los 24.000 dólares.

Las detenciones están dirigidas a aquellos que están ilegalmente en el país. Pero para Obeso y aproximadamente 16 millones de personas que son parte de familias de estatus mixto, los efectos de esto repercuten mucho más allá del núcleo familiar y de las comunidades atrapadas por las leyes migratorias. Cuando un pariente es arrestado, las familias gastan en promedio 9.229 dólares en costos relacionados a su detención y proceso de deportación. De acuerdo con un estudio del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona, una vez que se suman otros costos indirectos, como la falta de ingreso, la pérdida económica se acerca a los 24.000 dólares.

Es más, gran parte de aquellos afectados económicamente ya son ciudadanos estadounidenses o están aquí de forma legal, dijo Geoff Boyce, investigador principal del estudio. Esto quiere decir que se tiene que examinar más cuidadosamente quienes son el blanco de las políticas migratorias y quiénes están realmente siendo afectados por las detenciones y deportaciones. “Necesitamos pensar de una manera más amplia sobre las repercusiones sociales y económicas de esto (la ejecución de las políticas) y quién las recibe”, dijo Boyce.

El estudio se llevó a cabo en Tucson, donde vive Obeso y donde 81% de las 125 viviendas estudiadas reportaron que la persona detenida era el proveedor principal en la casa. De tal forma, el ingreso promedio de las viviendas caía aproximadamente por hasta 22.000 dólares después de un arresto.

“Está afectando a las familias y arrojándolas a la pobreza extrema”, dijo Randy Capps, director de investigación para los programas de Estados Unidos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI). “Este es el impacto número uno sobre la familia. Por supuesto que también hay impactos psicológicos”.

Myrna Obeso y su esposo Gustavo Velasco van a la misa de domingo de su iglesia.

Eventualmente, Obeso fue capaz de pagar la fianza de su esposo. Pero debido a que Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue informada sobre el estatus migratorio de Velasco, no fue puesto en libertad. En lugar de ello, lo entregaron a las autoridades de migración federales y fue enviado al Centro de Detención de Eloy. Permanecería ahí otros dos meses en lo que esperaba que se resolviera su caso.

Después de que lo liberaran, la vida tomó otra clase de normalidad. La familia se mudó de una casa a un departamento y se acoplaron a vivir con menor presupuesto. Es difícil, dijo Obeso, pero sus necesidades básicas siempre han estado cubiertas. Hicieron que funcionara.

Después, en una mañana de abril 2010, dos agentes de ICE y un agente de la Patrulla Fronteriza llegaron al departamento. Obeso no se sorprendió cuando abrió la puerta. Su abogada Margo Cowan, quien la atiende sin costo, la había llamado unas semanas antes para advertirle que su esposo podría ser detenido nuevamente. El caso de Velasco concluyó con una condena por delito grave, haciéndolo blanco de deportación — justo como las leyes estatales de 2007 y 2008 lo habían planeado. Los agentes entraron apuntándolos con una linterna y dejaron que ella y su esposo se cambiaran el pijama antes de escoltarlo fuera de la casa. Obeso recuerda a su hijo mayor preguntándole “Mamá, mi papá se fue en una camioneta blanca. ¿A dónde va?”.

Lo estaban llevando de vuelta al Centro de Detención de Eloy, esta vez por casi dos años. Obeso y su defensora legal continuaron peleando por fuera: si podían bajar los cargos de delito grave a un delito menor por personificación falsa, entonces no presentaría una prioridad para deportación. Velasco no tenía ningún registro criminal previo, había vivido por más de una década en los Estados Unidos y tenía dos hijos nacidos en el país, así que sus probabilidades de ganar el caso eran altas. Aun así, irónicamente, de acuerdo a un estudio de la Unión Americana de Libertades Civiles, esto lo hacía aún más vulnerable a pasar más tiempo detenido. Las personas como Velasco suelen pelear sus casos porque creen que tienen buenas probabilidades de ganarlo, así que esto suele traducirse a más tiempo en el centro de detención. Aquellos que no tienen tal oportunidad se mueven más rápido a través del sistema, y acaban siendo deportados.

Margo Cowan atiende a sus clientes en una clínica legal pública.

DE ACUERDO AL Instituto de Políticas Migratorias (MPI), el dinero es el principal motor detrás de las políticas migratorias cada vez más severas que operan a favor de la industria de la detención. Por ejemplo, antes de que se introdujera en la legislatura de Arizona, parte de la ley SB1070, conocida coloquialmente como la Ley “Muéstrame Tus Papeles”, fue diseñada en 2010 por el Concejo de Intercambio de la Legislatura Americana (ALEC) durante un evento privado en Washington D.C. Entre los asistentes se encontraban personas que cabildean a favor de prisiones privadas, de industrias gigantes como la Corporación de Correccionales de América, o CCA — la cual ahora hace negocios como CoreCivic. Una vocera de CoreCivic dijo que la compañía no ayudó a diseñar la legislación. Por su parte, la Radio Pública Nacional (NPR) encontró que 30 de los 36 co-patrocinadores en la Legislatura recibieron donativos de campaña por parte de los operadores de prisiones privadas.

CoreCivic sostiene en su sitio web que “no cabildea, bajo políticas de largo plazo, a favor o en contra de políticas o legislación que pueda determinar la duración de la detención o encarcelamiento de un individuo”.

Esto ejemplifica la perversa idea del excepcionalismo Americano, escribe García Hernández.

Leyes estatales como SB1070 y cambios a las políticas de inmigración federal han alentado un ejercicio desmedido de la ley y un incremento en la detención de migrantes. Pero estas leyes y la ideología detrás de ellas no son nuevas: se han construido lentamente durante décadas, diseñadas para acostumbrar a los ciudadanos a la idea de que encarcelar a los migrantes es una forma aceptable de lidiar con la inmigración ilegal, como argumenta César Cuauhtémoc García Hernández en su nuevo libro, Migración a la Cárcel. A beneficio de la creciente industria de detención, los cambios en la política migratoria refuerzan la idea de que los migrantes deben ser excepcionales para ser aceptados en el país. Esto ejemplifica la perversa idea del excepcionalismo Americano, escribe García Hernández.

Conforme la ejecución de las políticas migratorias bajo la administración de Trump se vuelve más punitiva, la industria privada de detención migrante ve como sus ganancias aumentan una vez más: en promedio se detienen a 49.000 personas, y por tiempos más prolongados de tiempo. Para satisfacer la demanda, están surgiendo centros de detención en nuevos sitios.

CoreCivic, quien dirige el Centro de Detención de Eloy en Arizona, vio sus acciones dispararse un 43% un día después de la elección de Donald Trump. Actualmente está buscando abrir una nueva instalación en Evanston, Wyoming, para recibir a los inmigrantes que transportan desde Utah. El Departamento de Seguridad Interna ha solicitado más espacio para camas para recibir a los migrantes del año fiscal 2020, solicitando un total de 54.000 camas, 2.500 de las cuales serían usadas para unidades familiares. Mientras la lucrativa industria de la detención continúa creciendo y prosperando, familias como la de Obeso se vuelven daños colaterales.

La familia Velasco almuerza en el restaurant en el que Gustavo Velasco solía trabajar antes de que empezaran los procesos legales en su contra.

VELASCO ENLOQUECÍA EN LA cárcel. Por 20 meses observó cómo otros iban y venían de Eloy, y se preguntaba por qué él no se estaba yendo también. Antes de pasar por esta mala experiencia, había pensado abrir un food truck, pero ahora sus planes estaban detenidos indefinidamente. Animado por Cowan, creó un libro con recetas de todas partes del mundo, con la ayuda de sus compañeros detenidos. Mantuvo una relación cordial con los guardias y tomó labores de paisajismo y mantenimiento dentro de las instalaciones por un salario miserable. (Los centros correccionales en Arizona pagan de 20 a 80 centavos la hora, de acuerdo con la Iniciativa de Políticas de Prisión). Necesitaba mantenerse ocupado para no volverse loco.

Mientras tanto, su esposa Myrna Obeso estaba nuevamente en una situación precaria. No podía con la renta del departamento, así que su iglesia le ayudó con los últimos tres meses de renta. “Pero cuando debía mudarme, no tenía a dónde ir”, me dijo. A tan sólo un paso de quedarse en la calle, ella y sus dos hijos se mudaron con un voluntario de la organización local Mantenga Tucson Unido, un grupo de organizadores comunitarios y abogados que ayudan a las familias que se quedan atrapadas en el ciclo de detención y deportación.

“Fue realmente muy difícil cubrir nuestros gastos, y más porque mis hijos estaban chicos”. 

De acuerdo con Boyce, el líder de la investigación del Instituto Binacional de Migración, una cuarta parte de las viviendas que forman parte del estudio se vieron afectadas por problemas de vivienda. Siete de las familias entrevistadas compartieron que las habían embargado, y a otras cuatro las habían desalojado. Muchos, así como Obeso, vieron cómo cambiaba su situación de vida drásticamente al tenerse que mudar con familiares o amigos. “Fue realmente muy difícil cubrir nuestros gastos, y más porque mis hijos estaban chicos”, dijo Obeso. Su padre, que vive en Nogales, a unos pasos de la frontera, le ayudó con gastos pequeños como zapatos para los niños. Su iglesia le ayudó con los útiles escolares y cupones de alimentos. Ella siguió trabajando.

En 2012, con la ayuda de su abogado, redujeron el cargo de Velasco a delito menor. Una vez que el juez redujo el cargo, Velasco ya no era una prioridad de deportación, pero aun así lo mantuvieron encerrado en Eloy. Eventualmente obtuvo una audiencia de fianza y Obeso, una vez más, recaudó el dinero con la ayuda de su comunidad. En noviembre de 2012, Velasco fue puesto en libertad. Su caso de inmigración fue cerrado y desde ese entonces puede aplicar a una visa de trabajo — y obtenerla.

Eso fue hasta julio de 2019. Siete años después de que cerraran el caso de Velasco, le dijeron a la familia que volverían a abrirlo bajo el nuevo reglamento administrativo de Trump. El mensaje era claro, dijo Capps del Instituto de Política Migratoria: “Quien sea que sea deportable, debe ser deportado”. Cuando Obeso recibió la noticia, rompió en llanto, preocupada de que su esposo pudiera ser detenido una tercera vez.

Margo Cowan habla con un grupo de estudiantes quienes visitan la clínica legal en Pueblo High School en Tucson.

EN UNA NOCHE FRESCA DE OTOÑO, grupos de niños juegan entre las largas mesas azules de la cafetería de Pueblo High School mientras sus familias se juntan para evaluar sus posibilidades de permanecer en el país. En el espacio se ofrece consejo legal y asistencia para llenar papeles para aquellos que desean pelear sus casos de deportación. Un voluntario tiene en mano la lista de todos aquellos que esperan ser atendidos y va llamando sus nombres por encima del ruido. Casi todos hablan en español.

La abogada de Obeso, Cowan, es una de las fundadoras de estas clínicas legales semanales organizadas por Mantenga Tucson Unido. Además de su trabajo voluntario, Cowan es una defensora pública para el condado de Pima. A pesar de tener una gran carga de trabajo, no está agitada ni estresada; despide un aura de paciencia en medio del bullicio y el movimiento. Los voluntarios se acercan de forma rutinaria a ella para consultarla sobre casos específicos mientras una impresora en su mesa escupe documentos.

“Me siento muy energizada”, me dijo. “Creo que la magia de esta clínica es que tomas una carga emocional negativa y aterrorizante, y le das la vuelta y haces algo al respecto, y eso es muy poderoso”. Es la manera en que la comunidad pelea de vuelta.

El caso de Velasco es uno de tantos que ha sido reabierto. Cada vez en cuando, Cowan escucha de más clientes que deberán pelear una vez más sus casos migratorios. La clínica ayuda a mitigar los costos de aquellos a los que su equipo puede ayudar. El costo de un abogado de inmigración puede ser prohibitivo: en promedio cuesta 3.700 dólares pelear un arresto de inmigración. Pero contratar a un abogado hace una gran diferencia: aquellos que tienen representación legal perciben una exención inmigratoria a una tasa 5.4 veces más alta que aquellos que no cuentan con abogados, de acuerdo con la investigación de Boyce. A esto se le suman otros costos asociados con tener alguien atrapado en el sistema de inmigración. La gente que puede elegir no ser detenida permite que se le monitoree con un rastreador de tobillo por el cual deben pagar 420 dólares al mes, por ejemplo.

“¡Es simplemente tan punitivo! porque esas compañías mantienen a la gente como rehenes”.

“¡Es simplemente tan punitivo! porque esas compañías mantienen a la gente como rehenes”, dijo Cowan. “Si quieres salir, te piden un rastreador de tobillo”. Entre más tiempo pasa la gente en detención, las cuentas van creciendo. “Es un negocio”, me dijo Obeso, mientras enlistaba todos los gastos extra que ha tenido que pagar a la prisión en estos años, como llamadas telefónicas o productos de la comisaría. “Todos los centros de detención son compañías a las que el gobierno paga para que encierren a la gente”.

Obeso ahora trabaja como voluntaria en la clínica legal. Inicialmente trabajó con algunas personas en sus fianzas; ahora les ayuda a hacer su papeleo para que puedan arreglar su estatus. Se ha convertido en una especie de experta al haber pasado por el laberinto de inmigración con su propia familia. Me dice que quiere que aquellos que vienen a la clínica sean recibidos con una actitud positiva, y trabaja duro por ser comprensiva. Sabe lo frustrante que puede ser cuando estás en el medio del laberinto y parece que todos los caminos están tapiados.

Hoy, Obeso y su familia parecen estar más cerca de encontrar la salida. El hijo de 21 años de Obeso y Velasco, Arym, ahora puede patrocinar a su padre. Pero otros no tienen tanta suerte.

Esa tarde en la clínica, un hombre joven vestido con ropa de la Universidad de Arizona se acerca a Obeso. “¿Tú eres Myrna?”, le pregunta. Lo han mandado con ella para que le platique su caso. Ella viste un suéter rojo y su cabello está alzado en una cola de caballo que se mueve mientras le pregunta sobre su caso. Un policía revisó su estatus durante una parada de tráfico. Se muestra cálida y encantadora mientras él le platica que ha vivido aquí por muchos años, que tiene hijos y una vida acá.

Un grupo de personas entra a Pueblo High School la noche de la clínica legal.

Jessica Kutz es una asistente de editor para High Country News. Escríbele a [email protected] o manda una carta al editor.

Este artículo fue traducido por Clara Migoya, una reportera bilingüe y científica ambiental. Estudia una maestría doble en Periodismo y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Arizona.  

Nota: Esta historia ha sido actualizada para reflejar que SB1070 fue discutida en un evento privado organizado por ALEC. CCA, ahora CoreCivic, estuvo presente en esa reunión, pero, de acuerdo con la vocera de la compañía, no ayudaron a redactar la legislación.