El año pasado, durante una mañana cálida de primavera, Griselda Barrera llegó al auditorio de una escuela en Thermal, California para enfrentarse a un comité de reguladores. Barrera, quien es una madre mexicana con tres hijos y mide apenas 5 pies de altura, vestía una falda negra y zapatos de salón, sus zapatos favoritos ya que no tiene que trabajar más en el campo. A su alrededor se encontraban otras madres como ella, listas para ofrecer comentarios sobre la reunión del Distrito de Manejo de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast Air Quality Management District).
El tema de debate era la contaminación. Desde el 2010, la agencia ha respondido a más de 215 quejas sobre malos olores en la cercana comunidad de Mecca — olores que hasta llevaron a los paramédicos de emergencia a la escuela para que asistan a maestros y estudiantes. Barrera esperó pacientemente con micrófono en mano mientras los reguladores presentaban sus planes de ayuda a los distritos escolares para reemplazar sus antiguos buses de diesel e instalar sistemas de filtración de aire en las aulas. Cuando por fin le tocó su turno, habló con seguridad de sí misma en español, a través de un traductor.
“Existen tantas necesidades en ésta comunidad, que resulta difícil saber por donde empezar,” dijo Barrera. “Aquí los niños juegan en las calles porque no hay suficientes áreas de juegos. Tenemos familias pobres que pagan hasta 650 dólares al mes por agua, gas y basura porque no tenemos servicios municipales.” En vez de invertir en buses más limpios, dijo Barrera, el condado y los reguladores del estado deberían hacer más por las mismas comunidades.
El Supervisor del Condado de Riverside, John J. Benoit, respondió diciendo que su meta era disminuir la contaminación atmosférica de todo el Valle del Este de Coachella, así como proteger la economía y los trabajos a nivel local. “No siempre es la culpa del condado,” dijo, asumiendo la clase de críticas que había recibido antes.
Barrera le pasó el micrófono a Noemí Castellanos, quien fue desalojada de su casa tráiler después de quejarse de las condiciones en el lugar; luego a Emma García, quien describió el primer ataque de asma que sufrió su nieta y cómo ella tuvo que viajar por 30 minutos para llegar al hospital más cercano; y por último, habló Rita Galindo, quien dijo: “Las fincas aquí actúan como si fueran los dueños del lugar. No nos dicen nada sobre el impacto de sus pesticidas.”
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Al final de dos horas de reunión, se notaba que Barrera se sentía apabullada por la falta de decisiones concretas. Marchó de un extremo de la sala al otro, dando la mano y haciendo planes con las otras mujeres en su grupo, todas ex-trabajadoras de campo mexicanas de entre 30 y 40 años. “Estoy cansada de las agencias que vienen aquí pidiéndonos que les traigamos a personas de la comunidad como audiencia para sus presentaciones,” me dijo Barrera al salir del auditorio. “No tenemos idea de lo que hacen con la información que les damos. Nada cambia.”
En 1994, Barrera vino a los Estados Unidos desde México con su familia y se mudó a uno de los parques más negligentes de casas tráiler en el Valle del Este de Coachella, una agrupación de pueblos no incorporados ubicados entre el desierto y el campo al sur de California. Al igual que la mayoría de los inmigrantes que llegan al lugar, Barrera consiguió su primer trabajo cosechando uvas. Luego se graduó a la cosecha de chiles, hasta que llegó a hacer trabajo por temporada, del sur al norte del estado.
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Trabajaba largos días en el campo, pero Barrera soñaba con convertirse en una promotora mexicana tradicional: Una autodidacta defensora comunitaria; alguien quien vaya de puerta en puerta ofreciendo educación básica sobre la salud y el medio ambiente, con una buena dosis de activismo.
Los inmigrantes como Barrera que viven en el Valle del Este de Coachella son el motor de una región muy provechosa, pero viven al centro de la ruina ambiental. Se enfrentan a una larga lista de amenazas a su salud diaria, desde la pésima infraestructura en sus hogares hasta la contaminación de pesticidas, residuos peligrosos y aguas contaminadas. Las promotoras han tenido que centrarse en temas cada vez más urgentes de éste lado de la frontera — problemas que no tienen fin y que amenazan a las comunidades migrantes. Pero en el Valle de Coachella, las promotoras y sus aliados están recién comenzando a recoger los frutos de su difícil labor.
Aún se divisa el monumento más infame que existe a las injusticias ambientales del Valle: Lawson Dump, la que una vez fue una meseta de 50 pies de alto, del tamaño de un edificio de cinco pisos, considerada como “el más grande botadero tóxico de California.” El botadero ilegal se encuentra a 30 minutos de Palm Springs y a una corta caminata de la escuela en Thermal. He estado visitando el lugar desde el 2010, cuando entré por primera vez junto a otro promotor llamado Eduardo Guevara. En aquel tiempo, un juez federal ya había ordenado su cierre y remediación — una tarea que costaría la gran suma de 42.8 millones de dólares a ser pagada por los operadores del botadero.
Guevara y yo nos acercamos al lugar durante una tarde de primavera, bajo el sol severo del desierto. Estacionamos unos metros más allá del lugar para no llamar la atención. El botadero ubicado en la Reserva Indígena Torres Martinez suponía estar fuera de límites. “NO ENTRAR,” proclamaba un letrero escrito a mano en letras rojas. “Llamar al 397-6318 si percibe malos olores.” Cuando marqué el número, mi llamada terminó en la contestadora de la oficina de la Reserva Indígena Torres Martinez.
El odor era abrumador, bañaba nuestros orificios nasales y nuestras gargantas mientras que dificultaba la respiración. Sentía náuseas y casi podía saborear cada elemento de aquélla mezcla tóxica: Cenizas de madera, basura incinerada, plásticos, latas y desperdicios eletrónicos que deberían haber sido reciclados pero que habían sido esparcidos a lo largo de un enorme botadero que venía acumulándose desde los 1990s, cuando la tribu comenzó a arrendar terreno a empresas basureras que querían reducir sus gastos de eliminación de desechos. Los territorios tribales son exentos de la aplicación de leyes del condado, así que el problema creció — y creció, literalmente, hacia el cielo y por encima del suelo — sin ser detectado por varios años. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency o EPA), el sitio contenía peligrosas cantidades de arsénicos, policlorobifenilos, asbestos, dioxina y otros materiales tóxicos. Se encuentra a tan sólo a tres millas de la escuela en Thermal. Es más, Lawson Dump y sus dañinas emisiones, formaban parte de los muchas problemas ambientales que provocaron la reunión del año pasado, atendida por Barrera y otras madres preocupadas.
Mientras Guevara y yo caminábamos a lo largo del “terreno” — lo que era en realidad relleno que cubría la basura — las largas grietas del piso dejaban escapar humo parecido al de las faldas ardientes de un volcán. Pero ésta cima era un desastre con causas humanas. Lawson Dump fue clausurado en el 2006, y aún sigue técnicamente cerrado aunque siguió contaminando por varios años. Desde su cierre, más de 20 incendios se encendieron espontáneamente y nueve bomberos fueron heridos al intentar apagarlos. Nos paramos en medio de ése calor, viendo más allá de aquella montaña de basura y tierra mientras que un humo nocivo se levantaba hacia el cielo. De repente, empezamos a sentir como la tierra se desplazaba debajo nuestros pies y decidimos irnos corriendo de ahí.
Guevara no tuvo otra opción que vivir al lado del botadero por dos años. Cuando llegó a los Estados Unidos desde el norte de México, su familia compartió un tráiler en Duroville, un parque de casas tráiler ubicado en el territorio de Torres Martínez. Como sucede con cientos de familias por toda la región, los Guevaras se mudaron al Valle del Este de Coachella en búsqueda de trabajo por temporada. Escucharon sobre Duroville de boca a boca: Ahí se conseguían alquileres baratos, de 200 dólares al mes y cerca al campo.
Al no tener calles pavimentadas o recolección de basura, el parque de casas tráiler se encontraba en un estado deplorable. Y además, estaba lleno — en cierto momento, hasta 4.000 personas vivían en alrededor de 500 casas tráilers distribuidas por sus 16 hectáreas. Los que ahí vivían poco sabían sobre los riesgos que el botadero podría representar para su salud. “Era ahí donde las fincas cercanas botaban sus postes para las uvas cubiertos en pesticidas; donde la gente se deshacía de sus viejos teléfonos celulares y computadoras,” me dijo Guevara mientras nos alejábamos rápidamente del botadero. “Sabíamos que se quemaba basura, pero no sabíamos que la situación era tan grave.”
Guevara es un hombre de fé que va a la iglesia, alto y fornido, y con una sonrisa cautelosa. Durante el día, iba a sus dos trabajos administrativos para mantener a su esposa y su hijo adolescente. Cuando caía el sol, manejaba hasta la cercana Universidad del Desierto para tomar clases en administración de negocios. Una vez que se enteró de las condiciones ambientales del parque de casas tráiler y más allá, Guevara hizo lo que la mayoría de las personas hubieran hecho si estarían en su situación. Primero, intentó hablar con los miembros de la tribu a cargo de la oficina del parque de casas tráiler, pero no recibió respuesta. Luego trató de unirse a algún grupo que demandara mejores condiciones ambientales. (Al final, eso lo llevó a crear un grupo propio, Promotores Comunitarios del Desierto.) Finalmente, contactó a un par de funcionarios del condado, quienes le prometieron que “estaban encargándose” del problema. Le resultó fácil llegar a la conclusión de que no sólo no existían suficientes datos sobre los posibles impactos a la salud que tenían Lawson Dump y Duroville, también parecía haber poco interés en remediar los problemas. Y cuando miraba alrededor, no veía otra indignación más que la suya.
Al pasar de los años, Guevara y otros activistas locales han tratado de llamar la atención a su situación. Sabían que no son la única comunidad campesina y latina de bajos ingresos en California que sufre desproporcionadamente a causa de amenazas ambientales. Al norte de Coachella, en el pueblo de Kettleman City del Valle de San Joaquin, la comunidad había observado varios casos de defectos de nacimiento. Greenaction for Health and Environmental Justice, una organización sin fines de lucro basada en San Francisco, entrevistó a 200 residentes del área y descubrió un alto índice de abnormalidades que asociaron con las emisiones de Chemical Waste Management Inc., una planta de recolección de desperdicios industriales peligrosos que queda a una corta distancia. Pasaron varios años antes de que expertos médicos calificados y agencias estatales llegaron a estudiar el caso de Kettleman City. Sin embargo, no se pudo identificar al culpable: La evidencia que consiguieron en el pueblo de 1.500 personas no era lo suficiente para la creación de estadísticas epidemiológicas, y no existía un método científico fiable que permitiera a los investigadores identificar los impactos de aquélla mezcla de sustancias. En otras palabras, simplemente no existía suficiente evidencia para culpar a la planta de desperdicios industriales por los defectos de nacimiento; los males podrían haber sido causados por una complicada combinación de factores.
“Estamos rodeados de individuos con problemas respiratorios,” me dijo Guevara. Su esposa ha sufrido de asma severa desde que vivieron en Duroville. “Quizás los investigadores no pueden conectar el asma directamente con los botaderos, pero es una gran coincidencia para una comunidad que ha estado viviendo al lado de un botadero que se quema a diario y al aire libre por varios años ¿No crees?”
El estudio de brotes de enfermedades — como la incidencia de problemas respiratorios a lo largo del Valle del Este de Coachella — sigue siendo controversial en el campo de salud pública. Hasta el momento, ha habido poca investigación básica dentro de éstas comunidades, y poca evidencia científica que asocie al botadero con los problemas de salud del área.
Como consecuencia, los lugares alejados y no incorporados como Duroville, el cual se encuentra a dos horas de la ciudad más cercana, son víctimas de la falta de políticas serias y de la indiferencia. Esto significa que residentes como Guevara y Barrera han tenido que aprender a abogar por sus comunidades. Lo han hecho siguiendo — y mejorando — una larga tradición en California y en otros estados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
No fue por casualidad que vecinos como Guevara vinieron desde México y Centroamérica y luego sembraron raíces en el Valle del Este de Coachella. Después de todo, ésta es un área donde se puede conseguir trabajo regular. Pero su decisión de quedarse y criar sus hijos en éste lugar significaba que tendrían que asumir una larga lucha por la justicia ambiental.
Su trabajo representa el motor de la industria agrícola, pero apenas son remunerados por sus empleadores. Philip Martin, un economista de temas laborales en la Universidad de California en Davis, calcula que alrededor del 30 por ciento del dinero que los americanos gastan en productos agrícolas va al productor, mientras que un 10 por ciento llega al campesino. Es decir, por cada dólar que se gasta en el mercado, un trabajador probablemente gana 10 centavos. Eso significa salarios de tan sólo 15.000 a 17.000 dólares al año, por persona.
Es por ello que tantos campesinos aguantan condiciones deficientes y peligrosas en muchos parques de casas tráiler como Duroville. O es la razón por la cual, durante la época de cosecha, se pueden ver hasta cuatro hombres compartiendo un sólo cuarto por varios meses, o aún peor, viviendo dentro de sus carros.
Los sueldos bajos también causan estragos en la salud de los trabajadores migrantes. En 2010, los datos de salud del condado mostraron que sólo había un médico por cada 8.400 residentes del Valle del Este de Coachella, además de un 30 por ciento de pacientes sin seguro médico. Las clínicas locales reportan índices altos de diabetes y de asma, especialmente entre niños y menores. La familia de Eduardo Guevara personifica éste drama, con la enfermedad renal de su hermana, el asma de su esposa, y su propia diabetes.
“¡Enójense por la injusticia!” dijo alguna vez la activista Dolores Huerta. Huerta, un gran modelo a seguir para los campesinos y campesinas de los Estados Unidos, tuvo una infancia pobre en el Valle de San Joaquin de California. Se mobilizó durante la era de los derechos civiles, estableciendo unidades de registro de votantes y presionando a políticos para que se mejoren las condiciones económicas de los trabajadores de campo. Como fundadores de la Unión de Campesinos, en 1965 Huerta y César Chávez organizaron una huelga exitosa de productores de uvas del Valle de Coachella, mientras que Huerta negoció los contratos. Cinco años después, la Unión de Campesinos firmó un acuerdo histórico con 26 fincas del área para reducir la exposición a pesticidas e introducir beneficios básicos de salud y de prestaciones de desempleo para los trabajadores de campo.
Pero hoy, más de medio siglo después de aquéllos logros, el legado de Huerta ha tambaleado. El robo de salarios y la labor infantil son ilegales, pero sin embargo, muy comunes: Nueve de cada 10 trabajadores de campo declaran no ser pagados por trabajo de horas extras, y aproximadamente 400.000 niños menores de 18 años son empleados por fincas. Además, el trabajo de campo es hoy en día uno de los más peligrosos: De acuerdo a la Oficina de Estadística Laboral, los campesinos se mueren en su tarea el doble de veces que los policías.
Al ser una ex-jornalera sin temor de pronunciarse, Griselda Barrera tomó la decisión de seguir los pasos de Huerta. Después de haberla visto en la reunión de Toro Canyon Middle School en Thermal, le pregunté si ella podría presentarme a su familia. Barrera tiene un gran sentido de responsabilidad por su comunidad y sus problemas. “Primero, por favor prométeme algo,” me dijo. “Por favor dime que no escribirás un reportaje sobre lo pobres que somos, sobre cómo no podemos hacer nada por nosotros mismos.” La última vez que vió al Valle del Este de Coachella retratado en el noticiero de televisión, el reportaje llevaba el título de “La Cara de la Pobreza,” dijo. La gente se ofendió con la calificación y prometieron no volver a hablar con los periodistas.
Nos pusimos de acuerdo para vernos a las 9 a.m. en Mecca, donde en un dia de mayo, la temperatura exterior llegaba a los 105 grados. Me monté en su carro, y Barrera nos llevó por los campos de lechuga de color verde claro, sobre los cuales los trabajadores habían estado inclinados desde las 4 en la mañana, y más allá del Canal de Coachella que trae el agua del Río Colorado para irrigar el desierto.
“Te estoy llevando al nuevo Duroville,” me dijo Barrera. Nos adentramos al complejo residencial recién estrenado que se ubica a sólo seis millas del destartalado parque de casas tráilers. Mountain View Estates tenía nuevas casas y un campo atlético, espacios verdes, calles pavimentadas, un centro comunitario e infraestructura básica de agua y electricidad. En 2009, un juez del distrito había ordenado que se cerrara Duroville y respondiendo a las quejas de los residentes y el activismo de las promotoras, el condado creó el nuevo proyecto público-privado de 28 millones de dólares como un refugio para las cientas de personas que fueron desalojadas del viejo y abarrotado lugar.
Barrera me llevó al lugar que le pertenece a su ex-marido, Samuel. Desde afuera, la casa tráiler parecía cualquier otra casa unifamiliar — tenía una valla blanca, un pequeño jardín delantero, un garaje abierto hacia un lado. Samuel se encontraba fuera de casa, cosechando lechuga, pero su nuera, Mary Marroquín, estaba sentada en el sofá con Sammary, su bebé recién nacida en brazos, mientras vigilaba a su otra niña de un año, Sofia, quien correteaba por la sala buscando atención.
“Yo tenía 15 cuando mi papá nos trajo de El Salvador, y Duroville me pareció tan deprimente,” me dijo Marroquín, quien pareciera tener apenas unos 20 años. “Lo que tenemos aquí es completamente diferente. No hay que lidiar con las aguas residuales por el suelo, o con la quema de basura.” Pero el alquiler es caro: Un tráiler de dos habitaciones cuesta 800 dólares al mes en un área donde el promedio de ingresos familiares apenas llega a los 25.000 dólares al año.
En 2015, Marroquín se casó con Samuel Jr., el hijo de Barrera. La pareja y sus dos hijas hoy comparten una habitación en la casa tráiler. Pagan 250 dólares al mes, y esperan ahorrar lo suficiente para eventualmente poder tener su propia casa. Samuel trabaja en la construcción, y antes de que naciera Sammary, Marroquín hacía trabajo doméstico o cosechaba chiles.
Ese es el trabajo más fácil de conseguir. Es típico que las personas jóvenes terminen el liceo y vayan directo al campo a trabajar. “La primera vez que trabajé en una finca, lloré toda la noche,” dijo Marroquín. “Al tercer día, le cogí el truco. Pero las personas no pueden durar mucho, porque el trabajo es horrible: Estás constantemente corriendo y agachándonte en un calor sofocante. Mis ojos me dolían y sufría de diarrea todo el tiempo.”
Para jóvenes como ella, existen pocas opciones en el Valle de Coachella que vayan más allá del trabajo informal. Miguel, el hijo de Barrera de 20 años, se encontraba con nosotros en la sala de la casa tráiler. Llevaba dos años de estudios en la universidad comunitaria más cercana, pero recientemente, Miguel había tomado un trabajo a medio tiempo en un restaurante de comida rápida y le había comentado a su madre que pensaba abandonar sus estudios. Barrera, quien vestía una camisa sin mangas de color vino y sus distintivos tacones altos, escuchaba impasiblemente desde la otra esquina de la sala. “Mi mamá nos había dicho que no cometiéramos el mismo error,” dijo Miguel, tratando de escapar su mirada. “Nos pidió que fuéramos a la universidad. Pero aquí estamos. Hicimos lo mismo que ella.”
Sus hijos no parecían darse cuenta de que Barrera había dejado a su pasado atrás de otras maneras; no sólo volviendo a retomar sus estudios o separándose de Samuel. “La razón por la cual me divorcié fue porque dejé de pensar que era sólamente una madre,” me dijo después, cuando estuvimos nuevamente solas dentro de su carro. “Empecé a salir de casa y del trabajo en el campo. Quería aprender, así que hablé con cuantas personas pude, preguntándoles sobre sus vidas en nuestra comunidad.” Mientras más descubrió Barrera sobre las condiciones ambientales y de salud en el Valle de Coachella — las altas tasas de asma, el hambre y la diabetes — más se dió cuenta de que sus familiares sufrían de los mismos males. No podía seguir siendo confiada, dijo, y sabía que sería suficiente quedarse en casa con sus hijos. “Ahora estoy consciente de lo que sucede a mi alrededor,” me explicó, su voz que sonaba a una mezcla de confianza propia y de culpa.
En su labor de promotora, Barrera a menudo va de puerta en puerta recogiendo datos para los investigadores de las pocas instituciones académicas que trabajan en el área. El trabajo no le paga mucho, alrededor del salario mínimo, pero la lleva dentro de hogares donde puede discutir toda clase de temas — desde la salud mental de los inmigrantes hasta como las madres locales prefieren dar a luz a sus bebés. Por último, la experiencia ha motivado a Barrera a crear su propia organización de salud comunitaria sin fines de lucro — la que vendría siendo una de las primeras en ser representadas por promotoras del Valle del Este de Coachella. Le permitiría recaudar fondos directamente y hasta el momento, ha empezado a reclutar una junta directiva.
“Me gustaría que esté formada únicamente por promotoras, al igual que yo,” dijo, “por mujeres que ya están en las calles inscribiendo a sus vecinos en Medicaid, o haciendo trabajo voluntario para mobilizar a votar durante las elecciones.” Históricamente, la región de Coachella ha dependido de organizaciones externas para tratar de conseguir soluciones a muchos de sus problemas, y Barrera quisiera cambiar el esquema. “Ahora es un buen momento para que las personas empiecen a sentirse responsables por éste lugar.”
Por supuesto, el cambio verdadero toma tiempo. Y cuando de injusticias económicas se habla, el cambio requiere datos fiables, generalmente recopilados por agencias gubernamentales o instituciones académicas. Ryan Sinclair, un profesor asociado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda, ha ayudado a liderar la labor, proporcionando los datos que las promotoras necesitan.
Un hombre alto y delgado, Sinclair puede verse a menudo vistiendo su bata blanca de laboratorio. Creció cerca de Coachella en la ciudad de Desert Hot Springs, donde a menudo escuchaba sobre las comunidades campesinas que vivían a pocas millas al este de su casa. El trabajo de su madre como inspectora de ejecuciones hipotecarias la llevaba a ver propiedades de donde las personas serían desalojadas. Los pueblos de Thermal y Mecca, en particular, le dijo a Sinclair, no eran “la clase de lugares a los que uno debería ir.” Cuando se acuerda de comentarios como éstos, Sinclair piensa que se debían a que las familias anglosajonas temían — y simplemente, no comprendían — las comunidades mexicanos de clase trabajadora que se encontraban a una corta distancia. “Me acuerdo como jugábamos afuera en el calor y teníamos un enfriador evaporativo y una fosa séptica,” dijo. “Resulta que vivíamos de forma muy similar a ellos. Pero no visitábamos a aquéllas comunidades; no teníamos idea de que nuestros alimentos venían de ahí.”
Junto a varias promotoras, incluyendo a Barrera, Sinclair ha evaluado por varios años las causas que afectan la calidad de vida de los trabajadores de campo — desde la contaminación del aire hasta la infraestructura eléctrica, la eliminación de desechos y la gestión de agua.
“Existen tantos problemas en la región,” me dijo. “¿Cómo se supone que la población local debería prioritizar? ¿Los malos olores, las micropartículas en el aire, o el arsénico en el agua? ¿O acaso debería ser el olor orgánico que viene de la planta de generación eléctrica? ¿Las altas temperaturas?”
Sinclair cree que existe un tema típicamente ignorado pero que debería ser el primero en la lista: las aguas residuales. No se conoce la magnitud del problema, pero Sinclair dijo que cada uno de los siete parques de casas tráilers que el ha visitado en el área sufre la contaminación por aguas residuales.
“La presencia de aguas residuales en fosas abiertas por todo el Valle del Este de Coachella es equivalente a una situación de salud pública que fue común en los primeros años del Siglo XX,” escribió Sinclair en un estudio reciente, refiriéndose a una época durante la cual las malas prácticas de saneamiento hicieron que la fiebre tifoidea y los brotes de cólera fueran comunes. No han habido brotes recientes en el área de Coachella, dijo Sinclair, pero eso no significa que no se dan las condiciones para que eso puediera suceder.
Duroville tenía notorios problemas de aguas sucias. No muy lejos de ahí en Thermal, en el Parque de casas tráiler Rancho García, la contaminación por aguas residuales también ocurría con gran frecuencia. Sinclair aceptó llevarme en uno de sus viajes de investigación, así que en septiembre del año pasado lo visitamos como parte de un tour de los parques de casas tráilers que el ha estado observando en los últimos años.
Varios perros guardianes nos ladraban incesantemente por detrás de las rejas mientras nos acercábamos al conjunto de casas, donde vivían alrededor de 50 personas. Un par de casas parecían estar abandonadas, y entre ellas, Sinclair descubrió un lugar donde los antiguos inquilinos habían construido una fosa séptica improvisada, la cual estaba ahora cubierta con una mohosa tabla de madera. La tierra alrededor se había vuelto en lodo desde la última vez que la fosa se desbordó, explicó Sinclair mientras se ponía guantes de látex para llevarse una muestra al laboratorio.
“Típicamente, los residentes de éstos parques construyen sus propias fosas sépticas, como ésta, que tiene hasta 8 pies de profundidad,” dijo. “Pero nadie se encarga de sacar las aguas negras, así que es común que se desborden.” Y cuando esto sucede, obviamente eso presenta un gran peligro para la salud de los residentes, sus vecinos, y las aguas subterrráneas que terminan en los sistemas cercanos de irrigación y mucho más allá.
A unos pasos más adentro del complejo, María Beltrán se encontraba parada fuera de su entrada cargando una niña pequeña en su cadera. Nos invitó a pasar, mostrándonos su tanque y el sistema que improvisó su esposo, con tuberías que salían de un hueco en el piso y le daban la vuelta a su casa.
“Yo le echo agua limpia todos los días y sacamos el agua sucia con una bomba de agua. No podemos dejar que el tanque se llene con aguas negras — somos cinco personas quienes vivimos aquí.” Las aguas sucias que Beltrán bombea de abajo de su casa tráiler terminan al borde de un campo agrícola al lado del complejo, o en el camino de tierra al frente. “¿Que más podemos hacer?” preguntó. “No recibimos servicios públicos aquí.” Costaría 2.75 millones de dólares conectar las casas tráiler con las líneas municipales de agua limpia y de aguas residuales.
En condiciones ideales, el condado de Riverside o la comunidad indígena de Torres Martinez debería responsabilizarse por la infraestructura de manejo de agua en éstos hogares. Desde el 2010 he intentado hablar con los líderes tribales sobre las acusaciones de que manejaban negocios de viviendas o de vertederos de basura en su territorio fuera del alcance de la ley. No he tenido mucho éxito, pero la realidad es complicada: A diferencia de otras tribus más acaudaladas en el Sur de California, la comunidad de Torres Martinez no maneja centros comerciales u hoteles de lujo de los cuales pueda sacar ganancias. Lo que si tienen es terreno — 9.700 hectáreas.
Mientras creció la demanda por viviendas y por trabajo en la zona, algunos miembros de la tribu vieron que existían oportunidades en proyectos de casas tráiler y en la recolección de basura. De acuerdo a la Oficina del Inspector General de la EPA, existían 600 botaderos ilegales en California, Nevada y Arizona en 1994. Hoy en día se sabe de alrededor de 1.000.
“El vertido ilegal de basura es mucho más grande que la tribu; debemos buscar la manera de controlar éste monstruo,” dijo Raymond Torres, el presidente tribal de Torres Martinez a la EPA, cuando la agencia demandó que la tribu pagara por la remediación de Lawson Dump en 2003. Desde ese momento, la tribu ha cerrado otros botaderos más pequeños en su territorio, y ha creado programas educacionales sobre los impactos de los basureros ilegales.
El condado de Riverside y el estado de California por fin prestaron atención a las condiciones de vivienda en el año 2000, cuando recomendaron una infusión de dinero para hacer mejoras en los parques de casas tráilers que no cumplían con los requerimientos básicos. Pero los $40 millones de fondos públicos pudieron pagar sólamente por una mitad de la inversión. En 2012, se cerró el Programa de Remodelación de California, y eso dejó al condado sin los fondos que necesitaba para rehabilitar todas las viviendas campesinas a lo largo del Valle.
En vez de esperar la iniciativa del condado, las tribus o las fincas, Barerra, Sinclair y otros han abogado por soluciones caseras, como el Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental del Valle del Este de Coachella. La red está formada por grupos comunitarios, incluyendo a Promotores Comunitarios del Desierto, fundado por Guevara, junto a colaboradores académicos y representantes gubernamentales como Cal/EPA y la Oficina de Evaluación de Riesgos Ambientales a la Salud del estado. Los actores se juntan el tercer miércoles de cada mes, dándole la bienvenida a preguntas o a quejas del público para así poder generar muchos de los datos que eventualmente necesitarán para crear soluciones.
Como un primer paso, la red está crowdsourcing ciencia ciudadana a través del entrenamiento de estudiantes de liceo que usan sus teléfonos para documentar y ubicar los riesgos que existen en sus comunidades. Los informes — sobre incendios de botaderos ilegales, derrames de aguas residuales y alertas de malos olores — aparecen en línea casi instantáneamente. “Botadero ilegal de neumáticos en Mecca: Avenida 64 y Dale Kiler, alrededor de 100-200 neumáticos,” describió un testigo en la página recientemente. Estos informes son compartidos con las promotoras, y representan tópicos de discusión y de acción para las reuniones comunitarias mensuales de un par de parques de casas tráiler en la zona. “La gente confía en nosotros porque somos de aquí y siempre estamos educándonos sobre lo que la gente quiere y necesita,” dijo Barrera. “Las promotoras queremos cambiar el sistema.”
Poco a poco, las promotoras están lográndo su meta. Pero con tantos desafíos a abordar y tan poca ayuda de afuera, los cambios vienen en pequeñas dosis. Uno de éstos éxitos se ubica en el parque de casas tráiler de San Antonio del Desierto, en el Grapefruit Boulevard de Mecca, al lado de los campos de lechuga donde trabajan muchos de sus residentes. Desde afuera, el complejo se parece a todos los demás: vallas de cadena demarcan el borde, algunos árboles de naranja dan un poco de la sombra que mucha falta hace. Lo que no es inmediatamente obvio es su sistema de filtración de agua por ósmosis inversa, diseñada para disminuir los niveles de arsénico en el agua potable, o la estación de bombeo que puede procesar hasta 4.600 galones de aguas sucias al día.
Le hubiera costado al parque de casas tráiler unos 3 millones de dólares para conectarse con la tubería de aguas residuales y otros 2,5 millones para unirse al sistema de aguas municipales. En vez de pagar ésas sumas, el nuevo administrador del parque, Pueblo Unido Community Development Corporation, o PUCDC, recaudó 300.000 dólares por parte de fundaciones y becas estatales para el taladro de su propio pozo y para desarrollar un sistema piloto de filtración de agua.
“Tiene sentido invertir en proyectos que embellecen — estoy completamente de acuerdo con éso, y lo hacemos cuando podemos,” dijo Sergio Carranza, el director ejecutivo de PUCDC. Carranza es un inmigrante salvadoreño con experiencia en organización comunitaria en su país natal. “Pero tampoco nos podemos olvidar de la clase de proyectos que no se pueden ver.” Hace dos décadas, Carranza se escapó de la violencia pandillera que le siguió a la guerra civil en El Salvador y terminó en Indio, una ciudad cercana a Mecca. Durante el día, trabajaba en la manufactura, y en los fines de semana iba a misa con otros latinos del Valle del Este de Coachella. Así fue cómo se convirtió en algo parecido a un promotor: yendo puerta en puerta, motivando a que las personas votaran y a que se organizaran por mejores condiciones de trabajo en el campo.
Siendo una persona de afuera, quien no tenía la experiencia de día a día en los parques de casas tráiler, Carranza sabía que los residentes tenían que involucrarse a pesar de tener trabajos mal pagados y poco tiempo — o poca energía — para trabajar de forma voluntaria por el bien común. “Necesitábamos mejorar la capacidad de los miembros de éstas comunidades,” me dijo, mientras nos llevaba hacia San Antonio del Desierto, saludando a los vecinos congregados en sus entradas. “A las agencias del gobierno no les importa si las personas se involucran o no; ellos no están ahí para organizar a la población.”
Desde que asumió el manejo del parque de casas tráiler en 2012, PUCDC se ha encargado de que la organización comunitaria sea una parte importante de San Antonio del Desierto. Una vez a la semana, los residentes y las promotoras reciben asistencia técnica sobre temas de infraestructura básica: tratamiento de aguas residuales, filtración de agua, distribución de agua doméstica y electricidad. Se fomenta a que los vecinos discutan los temas ambientales que se encuentran mas allá de sus hogares, y para que contribuyan con su labor y conocimiento en varios proyectos del complejo. Junto a Sinclair y su equipo de estudiantes, PUCDC también está recogiendo datos sobre sus mejoras en infraestructura, las cuales, a su vez, han demostrado ser útiles en los esfuerzos para captar el interés de los residentes.
“No somos organizadores,” dijo Carranza. “Pero podemos ayudar a que la comunidad se de cuenta de lo que necesita y de implementar los cambios. La gran diferencia es que ahora algunos de los residentes se están convirtiendo en guardianes.”
Roberto Méndez, el empleado de mantenimiento de San Antonio del Desierto, es uno de ésos guardianes. Vestía una camiseta sudada y un sombrero de paja de ala ancha después de haber pasado la mañana ayudando a técnicos en la instalación de paneles solares en el techo de la nueva oficina del parque de casas tráiler. También ha ayudado con la instalación del sistema de filtración de agua y se ha enseñado a sí mismo — así como a muchos de sus vecinos — cómo conectarse hasta la estación de bombeo de aguas residuales. “Me interesó éste trabajo porque me permitía involucrarme en el lugar donde vivo,” dijo. Méndez y su familia se mudaron en 1988, cuando aún cosechaba uvas y pagaba tan sólo 85 dólares al mes por su casa tráiler. En aquéllos días, el parque de casas tráiler funcionaba de forma precaria: Las aguas residuales se desbordaban constantemente; la luz se apagaba a menudo durante el día; el agua que salía del grifo era de un color marrón nublado.
Las condiciones en San Antonio del Desierto eran tan malas que el condado amenazó con cerrar el parque, lo que significaba que casi 100 residentes se enfrentarían a un destino similar al de las personas que vivían en Duroville en 2009. En aquél tiempo, en medio de las condiciones de barrio bajo, y los reportes sobre emisiones tóxicas más allá de su casa, Méndez pensó que no quedaba más que hacer si no quejarse. De manera que éso fue lo que hizo, una y otra vez, en vano.
Pero entonces, quizás hace unos cinco o seis años, Méndez vió que llegaba el cambio. Vió cómo su vecina, Guadalupe Rosales, había formado una asociación de vecinos la cual llamó “La Unión Hace la Fuerza”, una organización que luego formaría parte del Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental del Valle del Este de Coachella. En el parque de casas tráiler Rancho García, escuchó sobre cómo 34 residentes habían demandado al gerente del parque en 2012 por la falta de infraestructura y de mantenimiento — y escuchó como al final, ganaron. Méndez mismo se involucró más en su complejo, evangelizando a sus vecinos sobre la importancia de contribuir su labor manual para que se hagan mejoras a los pequeños e invisibles proyectos de agua en San Antonio del Desierto.
Recientemente, Méndez ha presenciado algo por lo cual muchos activistas lucharon por años, pero que nadie pensó que eventualmente se daría: calles pavimentadas, conectando a 39 parques de casas tráiler. Cuando Duroville aún estaba abierto, residentes como Guevara y Barrera se veían obligados a inhalar nubes de polvo cada vez que los autos pasaban al frente de sus casas. En días de lluvia, sus propios vehículos se quedaban atascados en el lodo mientras que sus niños jugaban afuera, cerca de las desbordantes fosas sépticas. El proyecto de 5 millones de dólares por fin se materializó a principios de éste año, con dinero de las tasas de mitigación de calidad del aire que vinieron de una planta cercana de generación eléctrica de gas natural. Los residentes habían exigido que aquéllos fondos se usaran para tal fin. “No pensarías que una calle pavimentada es buena para la salud,” dijo Méndez, sonriendo. “Pero ahora veo como mis vecinos salen a caminar y a hacer ejercicio en la calle, como nunca antes los había visto.”
Al ser el encargado de mantenimiento, Méndez siempre recibe llamadas por parte de sus vecinos, aunque no tanto como lo hacía hace unos diez años. “Algunas personas aún se quejan porque quieren que las cosas se arreglen de un día a otro,” dice, mientras camina hacia la casa tráiler de su vecina quien necesita que la ayuden a reparar su enfriador evaporativo. “Quizás no se dan cuenta de lo lejos que hemos llegado — y de que apenas estamos al principio de un largo proceso.”
La High Country News editora colaboradora Ruxandra Guidi escribre desde Los Angeles, California. Follow @homelandsprod
Este reportaje recibió el apoyo del Premio HCN/PLAYA para Voces Diversas del Occidente del País.
This article appeared in the print edition of the magazine with the headline Los promotores.
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