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California es el primer estado en el occidente del país que a menudo ofrece soluciones a problemas sociales y ambientales. Actualmente, se encuentra al frente de un difícil desafío, ya que sus ideales progresistas — y su población cada vez más diversa — se ve generalmente opuesta a las políticas del Presidente Donald Trump. En esta nueva columna mensual, una Carta desde California, documentaremos cómo el estado se está adaptando a los cambios en estos tiempos.
Cuando la primera orden ejecutiva que prohibía la entrada a inmigrantes y refugiados fue firmada por el Presidente Donald Trump, abogados a lo largo del país trataron de explicar el significado de tal declaración. Los terminales en aeropuertos como Los Angeles, Phoenix y Denver se convirtieron en centros de operaciones para abogados que querían ayudar a los recién llegados, y hasta aquéllos que aún estaban en ruta hacia el país.
“Estábamos a la espera de alguna clase de medida migratoria por parte del presidente, pero nos sorprendió que se diera en la forma de una prohibición de viaje,” dijo Kristen Jackson, abogada con la firma sin fines de lucro Public Counsel, y una de las primeras en ofrecer asistencia a viajeros en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles. “Obviamente, la orden fue tan confusa para nosotros como lo fue para aquéllos que debían ejecutarla.”
Hasta el día de hoy, dice Jackson, la confusión se extiende mucho más allá de Los Angeles, la ciudad con la población más grande y más diversa del occidente del país. Los despachos de abogados y expertos constitucionales con mayor influencia a nivel nacional están constantemente a la búsqueda de respuestas a los edictos de Trump — incluyendo a su nueva prohibición de viaje y a sus políticas migratorias. Sin embargo, en estos tiempos es difícil saber quienes recibirán la bienvenida al país.
Desde hace ya dos meses, hemos escuchado sobre casos de agentes de Customs and Border Protection (CBP) que piden a viajeros que muestren sus tarjetas de identificación. Portadores de “tarjetas verdes” han sido devueltos a sus paises de origen sin tener acceso a abogados. Y algunos turistas visados están siendo interrogados al llegar al país. Un sinnúmero de personas han quedado atrapadas en esta red, incluyendo a un becado de Fulbright scholar, una famosa autora australiana, y un comisario de arte argentino.
Han pasado dos meses, y el caos continúa. Con cada nueva orden, cada entrevista a medios de comunicación, o cada tuit, la Casa Blanca está complicando un sistema migratorio que ya es suficientemente complejo, de manera que casi cualquier persona podría ser vulnerable a ser deportada—o a ser negada su entrada al país. Esto no debería sorprendernos. Durante su campaña, Trump fue muy claro sobre sus intenciones: “Yo construiré un gran muro, y nadie puede construir muros mejor que yo, créanme, y yo los construyo a muy bajo costo,” sostuvo. También prometió que llevaría a cabo deportaciones masivas y un “cierre total y completo” de la inmigración de personas musulmanes.
La prohibición de viajeros de países musulmanes no llegaría a darse: El juez Derrick K. Watson de la Corte del Distrito Federal en Honolulu bloqueó la orden a pocas horas antes de que tomara efecto. “Un observador razonable y objetivo llegaría a la conclusión de que la Orden Ejecutiva fue diseñada para desfavorecer a una religión específica.”
Pero si de deportaciones se trata, la ley no se encuentra del lado de los inmigrantes sin papeles. Ya que el país cuenta con una población de aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados — y alrededor de cuatro millones en los estados del occidente del país — la posibilidad de que cada uno de ellos fuera a ser deportado no parecía factible el año pasado. Pero ahora si. En un memorándum migratorio firmado el 20 de febrero, Trump ordenó al Secretario de Seguridad Nacional John F. Kelly que ejecutara la ley “en contra de todo extranjero removible.”
La orden hizo que todo inmigrante no autorizado se volviera vulnerable a ser deportado, sin que importe si tiene expediente limpio o si sus hijos son americanos. Los lugares que antes se consideraban sagrados — como las escuelas, los hospitales y las iglesias — pueden ahora ser sujeto de redadas por parte de agentes de migración.
Para comprender el caos que están causando estas nuevas ordenes migratorias, considere el caso de Rómulo Avelica-González, quien fue detenido por agentes de Immigration and Customs Enforcement, o ICE, a una cuadra de la escuela de su hija mayor en Los Angeles. El padre de cuatro niños americanos ha vivido en los Estados Unidos por más de 25 años, pero Avelica-González tenía en su registro una acusación de manejo bajo la influencia del alcohol y una previa orden de deportación. ICE lo arrestó mientras su esposa y su hija de 12 años lo esperaban en el carro.
Casos como éste son cada vez más comunes. “Están colocando la etiqueta de criminal a todos los indocumentados, y este es el ejemplo de la nueva política de Trump y de sus acciones,” dijo Pablo Alvarado, director del National Day Laborer Organizer Network, una organización activista en Los Angeles. El grupo logró que Xavier Becerra, el Procurador General de California, le pidiera a ICE que pare la deportación de Avelica-González. Pero las acusaciones que antes fueron leves ahora lo califican para una “deportación expedita.” Actualmente, Avelica-González se encuentra detenido en un centro privado en Adelanto, California.
El caso de Avelica-González también nos presenta otra pregunta importante: ¿Cuál será el rol de los departamentos locales de policía? Los agentes de ICE que arrestaron a Avelica-González vestían chamarras de color azul marino con la palabra “police” escrita a lo ancho de sus espaldas. De acuerdo a la ley, oficiales de la policía local no tienen permiso de hacer el trabajo de agentes federales. En su memorándum más reciente, Trump presenta su deseo: que la policía local llegue eventualmente a compartir el trabajo de los agentes de inmigración.
La policía y los agentes de migración han tenido una relación complicada estos últimos años, especialmente en California. En Los Angeles, el departamento de policía le está pidiendo a ICE a que deje su costumbre de identificarse como policías locales durante sus redadas o arrestos de inmigrantes. “Por 40 años, el Departamento de Policía de Los Angeles y la Oficina del Fiscal de la Ciudad han trabajado duro para ganarse la confianza, el respeto y la cooperación de todos nuestros residentes,” declaró el Alcalde Eric Garcetti en una carta pública. “De tal forma, cuando agentes de ICE en busca de inmigrantes se identifican como si fueran simplemente ‘policías’, ellos perjudican décadas de nuestro esfuerzo y erosionan la seguridad pública.”
Quise entrevistar a varios policías del condado de Los Angeles pero no tuve suerte. Durante una conversación casual, un agente de patrulla me dijo que los residentes inmigrantes parecían tener cada vez más temor de interactuar con la policía local. El Departamento de Policía de Los Angeles ha sido siempre muy claro sobre sus políticas: Los policías estan prohibidos de preguntar a un sospechoso sobre su estatus migratorio, y tampoco pueden ser obligados a ejecutar la labor de las agencias federales, como ICE.
Pero en Los Angeles, así como en el resto del país, existe gran confusión y una creciente resistencia a las nuevas políticas y lo que implican. La Casa Blanca aún no ha especificado el rol de los departamentos locales de policía; sólo dice que espera que “ejecuten las mismas funciones de un oficial de inmigración … al máximo grado permitido por la ley.” ¿Pero qué es lo permitido? ¿Y acaso se involucrarán las cortes de ley? Lo sabremos pronto.
La High Country News editora colaboradora Ruxandra Guidi escribre desde Los Angeles, California. Sígan @homelandsprod
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